La familia Gallardón y los indultos a los criminales.

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INFORMACION DEL BLOG DEL GRUPO TORTUGA.

M. Gallego/J. A. Martínez

José Ruiz-Gallardón Utrera, uno de los cuatro hijos de Alberto Ruiz-Gallardón, trabaja en el mismo despacho de abogados que ha llevado la defensa del conductor condenado a 13 años de prisión por matar a un joven en Valencia tras circular más de 4 kilómetros en sentido contrario por la AP-7 y quien el pasado diciembre fue indultado por el Gobierno a propuesta del ministro de Justicia. La conmutación de la pena, reducida ahora al pago de 4.200 euros, se produjo «a propuesta del titular de Justicia previa deliberación del Consejo de Ministros», según recoge el BOE del 5 de enero, pese a los informes contrarios del tribunal de la sección cuarta de la Audiencia de Valencia que le juzgó y del ministerio fiscal. Prueba de la postura de los magistrados ante la medida de gracia fue la orden de ingreso en prisión del condenado (donde ha estado diez meses) oponiéndose a suspender la pena en tanto se resolvía el indulto.

La fiscal jefe de Valencia, Teresa Gisbert, también rechazó la concesión de esta medida sin que tampoco se tuviera muy en cuenta su opinión. Aún así, en el Real Decreto por el que se concede el indulto se recoge textualmente que «se han considerado los informes del tribunal sentenciador y del ministerio fiscal», sin aludir a la oposición de ambos. De la defensa del ahora indultado, vecino de Almoradí y delegado de postventa de Opel en la Comunidad cuando se produjeron los hechos, se ha ocupado el letrado Esteban Astarloa Huarte-Mendioca, del bufete Uría Menéndez.

Uno de los grandes despachos del país en el que además del hijo del ministro (quien regresó a la sede de Madrid desde la oficina de Sao Paulo después de que unos atracadores mataran en su presencia a un amigo y compañero en la ciudad brasileña) trabaja también la letrada que representó a la compañía automovilística, citada como responsable civil subsidiaria dado que el vehículo con el que se produjo el siniestro era de la empresa.

El letrado del kamikaze es hermano de Ignacio Astarloa, subsecretario de Justicia de 2000 a 2002, secretario de Estado de Seguridad los dos años siguientes y cuyo nombre llegó a sonar con Rajoy para la cartera de Interior e incluso para la de Justicia que ahora ocupa Gallardón.

Este diario se puso ayer en contacto con Uría Menéndez donde indicaron que no se iba a hacer declaración alguna sobre este tema. Ramón Jorge Ríos Salgado fue condenado a 13 años de prisión el 17 de enero de 2011 por la Audiencia de Valencia, sentencia ratificada posteriormente por el Tribunal Supremo, por «un delito de conducción con grave desprecio para la vida de los demás en concurso ideal con un delito de homicidio, un delito de lesiones, una falta de lesiones y una falta de daños». La oposición, no vinculante, de los magistrados a la medida de gracia impide al Gobierno conceder un indulto completo, es decir, sin conmutarlo por una multa.

Según ha considerado probado el tribunal, el 1 de septiembre de 2003 Ríos Salgado conducía a gran velocidad a la altura de la salida Torrente-Calicanto en sentido a Alicante cuando se aproximó al coche que le precedía, al que embistió tras circular pegado a él hasta que le obligó a apartarse. A continuación el kamikaze accedió a la autopista, donde recogió su ticket, «hasta que llegó a la altura del punto kilométrico 551-552 donde, tras parar en el arcén derecho, efectuó un cambio de sentido comenzando seguidamente a circular en sentido contrario entre los dos carriles a gran velocidad». Durante esos cuatro kilómetros se cruzó con varios vehículos cuya señales de aviso ignoró para acabar estrellándose contra un Golf en el que viajaba una pareja. Un joven falleció sufriendo su novia heridas de consideración. Los jueces aseguraron no entender este comportamiento ya que, además de no responder al perfil de conductor suicida, «es una persona social y familiarmente integrada, que desarrolla una actividad profesional de responsabilidad y prestigio. Sus superiores, incluso tras los hechos, creen que es responsable y digno de crédito», según el fallo.

Ríos Salgado alegó problemas de epilepsia que le hicieron conducir «de manera automática (…) privado totalmente de conciencia y voluntariedad», patología que no consideró probada el tribunal. En esta información también han colaborado T. Domínguez, R. Ferrando y P. Cerrada.

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