Baltasar Garzón coordinará la veeiduría internacional que vigilará la transformación del Consejo de la Judicatura de Ecuador.

Quito, 06 dic. (Andes).- El 18 de octubre de 1998 un juez español se convertía en figura internacional. Baltasar Garzón, magistrado del Juzgado cinco de la Audiencia Nacional, presentaba una querella contra el exdictador Augusto Pinochet, a quien acusaba de crímenes contra la humanidad y por la muerte y tortura de varios ciudadanos españoles durante su gobierno de facto.

El auto de detención contra Pinochet hizo que la prensa iberoamericana inundara sus páginas con esta noticia. Era finalmente un juez español, quien reivindicaba una causa social para saldar los actos cometidos por esa dictadura entre 1973 y 1990.

Ahora, El juez es llevado a juicio por una presunta prevaricación en su investigación de los crímenes del franquismo.

La querella contra Garzón fue interpuesta por organizaciones de la ultraderecha como el sindicato Manos Limpias, la asociación Libertad e Identidad y la Falange Española de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista (JONS), heredera del partido único en el que se asentó la dictadura del general Franco, reseño la agencia alemana Deutsche Welle.

Según los demandantes, Garzón se declaró competente en 2008 para investigar la desaparición de miles de personas durante la Guerra Civil pese a que sabía que por ley no le correspondía hacerlo, incurriendo de esta forma en un delito de prevaricato.

En sus más de 20 años en la Audiencia Nacional española, Baltasar Garzón se ha tenido que enfrentar a unas 40 demandas en su contra.

En Ecuador, 2011, el nombre de este exmagistrado de 56 años  recobra importancia, pues ha sido llamado para coordinar la veeduría internacional de seis expertos  que vigilarán el proceso de transformación del Consejo de la Judicatura.

Eso significa que el español, que nació en Jaén en 1955, asegurará la transparencia en las actividades que garanticen que el Consejo ecuatoriano de la Judicatura pueda en un futuro trabajar con facilidad.

Garzón se ha especializado en crímenes de jurisdicción internacional, tales como los de lesa humanidad y genocidio. Además del auto de detención contra Pinochet, el entonces magistrado  abrió la puerta para que la justicia española presente cargos de genocidio contra exfuncionarios de la dictadura argentina entre 1976 y 1983.

Obtuvo el premio Nacional de Derechos Humanos, en España; el Jeune Republique, de París y Alba Puffin de Derechos Humanos, de Nueva York, entre otros.

Pero en Quito sus observaciones, junto con la misión conformada por Rafael Follonier (Argentina), Porfirio Muñoz (México), Carolina Escobar Sarti (Guatemala), Marigen Hornkohl (Chile) y Juan Luis Mejía (Colombia) versarán sobre presupuestos, contrataciones, infraestructura civil, tecnología, modelos de gestión, cooperación institucional y talento humano.

Todo ello se presentará en informes semestrales y los resultados finales sobre el proceso de reestructuración, serán entregados al  presidente Rafael Correa recibirá las memorias de la veeduría, además de los análisis, balances y sugerencias trimestrales. / LP

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