Venezuela afirma que la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos favorece a la corrupción.

TELESUR  16/09/11.-  El Gobierno de Venezuela, a través de un comunicado de su Cancillería, asegura que decisiones como la tomada este viernes por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), que le ordena a Venezuela levantar las sanciones impuestas al opositor Leopoldo López, inhabilitado políticamente por su vinculación en casos de corrupción, incentiva a la práctica de este delito en el mundo. También Caracas calificó el pronunciamiento  como “políticamente parcializado” y acusa al organismo de recurrentemente extralimitarse en sus funciones.

En el texto, el Gobierno de Venezuela asegura que con este tipo de fallos “se da un claro estímulo a los actos de corrupción, no sólo en Venezuela sino en cualquier país del mundo”, por lo que instó a las instituciones de ese país a “ratificar el compromiso previsto en la ley para castigar la corrupción y actividades relacionadas con este delito”.

De igual forma, el Estado venezolano rechazó las “maniobras nacionales e internacionales que pretenden victimizar a dirigentes políticos señalados por hechos irregulares en la administración pública, con el propósito de presentarlos como perseguidos políticos”.

En este sentido, la Cancillería de Venezuela aseguró que al tener la notificación oficial de la decisión tomada por la Corte IDH, será remitida al Tribunal Supremo de Justicia en espera de “las decisiones que de manera autónoma tenga a bien tomar (…) en estricto cumplimiento de la constitución y las leyes de la República”.

En el comunicado se deja claro que Venezuela considera la medida como “políticamente parcializado”. Aseguraron que el Gobierno presidido por el presidente, Hugo Chávez, “procederá a seguir denunciando a la Corte Interamericana de Derechos Humanos como un organismo que recurrentemente se extralimita en sus funciones y que, de manera regular ha tomado posiciones” contra el país suramericano.

Este viernes la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) dictó sentencia a favor del activista de la oposición venezolana, Leopoldo López, quien fue inhabilitado en dos oportunidades por la Contraloría General de la República por incurrir en mala administración de los bienes públicos durante su gestión como alcalde del municipio Chacao, en el estado Miranda (centro-norte).

El fallo de la CIDH, que fue dado a conocer por Carlos Vecchio, integrante del partido Voluntad Popular, del cual forma parte López, le solicitó al Estado venezolano “asegurar a través de los órganos competentes, particularmente del Consejo Nacional Electoral (CNE), que las sanciones de inhabilitación no constituyan impedimento para la postulación de Leopoldo López en evento que desee inscribirse en los procesos electorales”.

A López la Controlaría le impuso dos sanciones administrativas, las cuales no implican prohibición de sus derechos políticos.

Decisión insólita, injusta e ilegal

La Contraloría General de la República calificó como “insólita, injusta e ilegal” la decisión de la Corte IDH en torno a Leopoldo López, “pues no sólo es contraria a los derechos humanos de todos los venezolanos, sino que lo es también del ordenamiento jurídico de nuestra República y del derecho público internacional, porque vulnera la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, instrumentos del derecho internacional que nuestro país ha cumplido con demostrado celo y eficacia”.

De acuerdo al pronunciamiento oficial de la Contraloría, el fallo vulnera el Estado de derecho incitando así “a la incursión en hechos irregulares y al mal manejo de los recursos públicos”.

De igual forma, aseguran que los hechos irregulares cometido por el activista de la derecha venezolana “están más que comprobados; porque el inculpado no demostró su inocencia; porque la sanción administrativa de inhabilitación que se le impuso al ciudadano Leopoldo López Mendoza no quebrantó sus derechos políticos” y le fueron respetadas absolutamente todas sus garantías legales y constitucionales.

Antecedentes

Previo al inicio del mandato de Hugo Chávez en 1999, Organizaciones No Gubernamentales (ONG) enviaron sólo seis denuncias a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En su archivo electrónico, la CIDH no manifestó ni su preocupación ni realizó investigaciones, por los más de 3 mil prisioneros políticos y desaparecidos forzados, que se registraron desde 1967 hasta 1998.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, tardó 22 años en sentenciar la reparación a las víctimas y familiares de El Caracazo. en este episodio ocurrido en febrero de 1989, murieron al menos 276 personas que protestaban contra la implementación de medidas neoliberales por parte del gobierno del presidente Carlos Andrés Pérez.

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