ANDES – QUITO.- Cerca de cuatro años pasaron desde que se declaró en emergencia el Sistema Penitenciario del Ecuador y, hasta hoy, el proceso de restauración continúa con el fin de abastecer las necesidades de un promedio de 35 mil reclusos que permanecen a los centros de detención anualmente.
“Era un sistema completamente colapsado, por eso se declaró la emergencia en aquel entonces”, manifestó la directora nacional de Rehabilitación Social, Alexandra Zumárraga, quien además no descartó que esta declaratoria entre en vigencia nuevamente.
En declaraciones para la Agencia ANDES, la funcionaria explicó que las necesidades en las penitenciarias y centros de rehabilitación del país necesitaban atención urgente tanto en su infraestructura como en la selección del personal a cargo de los centros. “Tenemos historias de guías que incluso eran analfabetas, personas que no podían ejercer esa tarea y que estaban en el sistema”, dijo.
Con este panorama, varios cambios urgente fueron necesarios; el primero, la consolidación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que, desde su creación en 2007. A un año de que el Gobierno actual fuera posesionado, inició con la tarea de optimizar los proyectos presentados por la Fiscalía General del Estado, la Dirección de Rehabilitación Social y otras instituciones de la Función Judicial.
La declaratoria de emergencia, anunciada en diciembre de 2007, también impulsó la creación de la Unidad Transitoria de Gestión Emergente para la Construcción y Puesta en Funcionamiento de los Centros de Rehabilitación Social (UTCCRS), una entidad adscrita al Ministerio, con independencia administrativa y financiera, “que tiene competencias para la construcción de los nuevos centros de rehabilitación y para las intervenciones de remodelaciones emergentes”, explicó Zumárraga.
Para esta tarea, el presupuesto asignado por el Gobierno ecuatoriano para 2010 y 2011 es de $140 millones.
De inmediato, el Ministerio de Justicia asumió la titularidad del Consejo Nacional de Rehabilitación Social (CNRS), antes presidido por la Fiscalía. Este cambio se dispuso con la idea de focalizar de forma institucional, por un lado, el tratamiento penal y sanción de los reclusos y, por otro, el proceso de rehabilitación de los reos.
“El fiscal tiene la función de perseguir y, al asumir ese rol, no puede tener la función de rehabilitar. La lógica apunta a que tiene que ser un órgano totalmente independiente el que rehabilite al recluso”, indicó Zumárraga. “Con estos cambios, ya no es solo la Dirección Nacional de Rehabilitación Social la que tiene competencias”.
Actualmente este Consejo está conformado por el ministro de Justicia, en calidad de presidente del directorio; el ministro de Relaciones Laborales, como vicepresidente; el director nacional de Rehabilitación Social, como secretario ejecutivo; y, en calidad de vocales, los ministros de Salud y Educación, el Defensor del Pueblo, el presidente de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) y el fiscal general.
Un proceso de transición que continúa
De acuerdo a la nueva Constitución ecuatoriana, aprobada en 2008 por la Asamblea Constituyente en Montecristi, el Sistema de Rehabilitación Social debe estar conformado por todos los Centros de Detención Provisional (CDP) y los Centros de Rehabilitación Social (CRS) del país; sin embargo esto no sucede en la actualidad.
“Estamos todavía en el momento de la transición. Hay algunos CDP que todavía están en manos de la Policía Nacional y ese es un problema grande pues la Policía no tiene un presupuesto asignado (para los CDP)”, explicó Zumárraga.
“Para nosotros acomodarnos a lo establecido en la nueva Constitución, todos los CDP’s tendrían que formar parte de la DNRS y eso implica un cambio presupuestario bastante grande pues existen 89 CDP”, dijo.
Cabe señalar que unos pocos CDP ya están en manos del Ministerio de Justicia, es el caso de los que fueron levantados en el Centro de Detención Nº1 de Quito, más conocido como el ex Penal García Moreno; o el CDP de la Penitenciaria del Litoral.
No obstante, la idea central es que hasta 2011 todos los CDP puedan sumarse a una suerte de sistema penitenciario único, bajo la tutela y dirección de la Cartera de Justicia. Con el presupuesto asignado hasta esa fecha ($140 millones) se aspira a poder continuar con la restauración de las cárceles existentes y la construcción de nuevos centros.
Esto implica la compra de terrenos para la edificación de los centros, y uno de los principales problemas para su ejecución es el rechazo de los habitantes de los sectores aledaños.
“Ese es uno de los problemas más grandes que existen para la construcción de nuevos centros. Todos estamos conscientes que los que existen son inadecuados por su infraestructura y algunos por su ubicación, pero cada vez que se trata de buscar un terreno en un lugar apropiado la población tiene una posición de rechazo”.
Desacuerdos en el centro penitenciario de Guayaquil
El caso del Centro de Rehabilitación de Máxima Seguridad de Guayaquil no fue su edificación lo que causó disgustos, sino el traslado de 33 reos, entre ellos el narcotraficante Óscar Caranqui, sentenciado por la Corte Provincial de Pichincha y que permanecía en el ex Penal García Moreno de la capital.
Autoridades portuarias como el alcalde Jaime Nebot y el director ejecutivo de la Corporación de Seguridad Ciudadana, alegan que el centro penitenciario debería alojar exclusivamente a los reos de Guayaquil y no de otros lugares del país.
En respuesta a esto el ministro de Justicia, José Serrano, explicó que si bien algunos de los reclusos estaban en Quito, habían sido transportados a la capital hace cuatro meses desde la Penitenciaría del Litoral.
Serrano también aseguró que se espera recluir en el centro a unos 100 reos. “Se ha considerado a quienes están con delitos de reclusión y que obviamente requieren de un grado de seguridad mayor. Hemos hecho un estudio de perfiles con el Consejo de Rehabilitación Social”, manifestó.
De su parte, el ministro del Interior, Gustavo Jalkh, manifestó que la ubicación de los reos es una tarea que compete Dirección Nacional de Rehabilitación Social, “dependiendo de diferentes características de seguridad, de infraestructura disponible y de determinaciones judiciales”, dijo.
Asimismo, Zumárraga aclaró que el 98% de los reclusos trasladados estaban en Guayaquil. “El primer movimiento que se hizo es solo de personas de Guayaquil, creo que no tienen la información correcta, porque toda la gente que se trasladó pertenece a Guayaquil un 98%”, aseveró.
La inversión más reciente
“Tan solo en la readecuación de los centros penitenciarios, el Ministerio de Justicia ha gastado, en los últimos dos años, un aproximado de $10 millones para la construcción de nuevos espacios y la remodelación e intervención emergente de los centros” aseguró Zumárraga.
El Ministerio de Justicia, a través de la UTCCRS, ha realizado, hasta el momento, ocho obras complementarias y de readecuación en los centros de rehabilitación de Quito con una inversión de $726 mil.
Un trabajo similar se realizó en los centros de Rehabilitación Social Femenino y Masculino de Guayaquil. Este trabajo representó una inversión total $1’300.000. Entre las obras más costosas que se realizaron en este centro, está la impermeabilización de la estructura de los talleres de carpintería, confecciones textiles y elaboración de productos de metalmecánica.
Capacitación de guías penitenciarios
Solo en el mes de julio, 17.452 personas estuvieron recluidas en los centros penitenciarios de todo el país (16.157 hombres y 1295 mujeres). Hay que señalar que para fortalecer el proceso de rehabilitación de estos reos es necesaria la capacitación del personal carcelario.
EL FLAGELO DE LO CORRECTO 